La mujer destacó que “cada 21 días debe realizarse la aplicación del tratamiento de inmunoterapia, lo cual venía realizando habitualmente en tiempo y forma”, hasta este jueves 30 de enero, cuando recibió “un llamado proveniente del Centro Oncológico, desde donde le dicen que la mutual Iosper estaba cortada y que para realizarse el tratamiento debía abonar la suma de $121.000, motivo por el cual la paciente comenzó a decirles que no tenía ese dinero para el tratamiento y si había otra forma de poder realizarlo, si había posibilidades de pago o que le emitan una factura para el reintegro de dicho dinero por parte de la mutual, a lo que no le respondieron”.
Afortunadamente, la mujer encontró la solución acudiendo al Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, donde recibió la atención que antes le había negado. Sin embargo, no fue posible aplicarle la medicación que requería, porque en el centro público carecían de historia clínica y de seguimiento médico, por lo que le recomendaron contactarse con el Centro Oncológico Integral para conseguir esa información”.
No obstante, desde el centro le comunicaron que debía “primero sacar un turno con el médico, pero que el profesional se encontraba de vacaciones hasta el 10 de febrero”.
Accionar de Iosper
Enterados de la situación, en el Iosper activaron un procedimiento de consulta e investigación y en el caso intervino directamente la Procuración General de la Provincia y el fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, para caratular el caso como “abandono de persona”.Al respecto, una fuente de Procuración explicó a Entre Ríos Ahora que “dimos instrucción al fiscal de coordinación porque podría existir el delito de abandono de persona, ya sea en la negativa del tratamiento como en la negativa a proporcionar la historia clínica que permitiría al hospital continuar el tratamiento. Es gravísimo”.
Por otro lado, la subinterventora de Iosper, Marina Alegre, habló sobre el caso con el programa Puro Cuento de Radio Plaza, en donde dijo que desde la obra social “nos habíamos contactado con el Instituto para que ella no perdiera esta posibilidad y pagarle directamente el tratamiento, por más que estuviera cortado, pero nos refieren que no por el hecho del corte. El siguiente camino era que la afiliada pague y nosotros reintegrarle, pero no le daban el recibo, entonces ella no podía buscar el reintegro. Se va hasta el hospital, en donde no le quieren hacer la medicación porque no tenían la indicación y la historia clínica. Se la niegan y ahí es cuando ella decide realizar esta denuncia, primero en la Policía, que obviamente después toma intervención Procuración y Fiscalía”.
Dicho esto, mencionó que el paso siguiente fue la decisión del Iosper de habilitar mecanismos para conseguir que la afiliada reciba la medicación en otros centros de atención, por lo que se le aplicó en otra institución privada.
A pesar de esto, ante esa negativa médica a brindar atención a una paciente oncológica, Alegre consideró que “acá hay una cuestión legal que hay que ver cómo se resuelve”, ya que “nosotros no tenemos intervención desde eso y bueno, como obra social, justo pasó en el medio de un montón de cosas que tendremos que sentarnos a charlar”.
No obstante, manifestó que “no está bueno dejar de rehén a un paciente. Con una consulta común no hay problema, uno puede esperar, pero un paciente en esta situación y que está haciendo una denuncia, ahí ya a nosotros también nos obliga a tomar otras medidas”.
