“Los animales, a los que se les había adulterado la marca original, eran propiedad del presidente de la Sociedad Rural de Chajarí y prosecretario de FARER, Héctor Reniero.
Que el damnificado sea una autoridad gremial no cambia nada: ni en la condena que debemos hacer sobre el hecho, ni en la solicitud de un trato especial, pero el haber estado cerca del caso ayuda a echar luz sobre ciertos accionares de las autoridades que es bueno poner en consideración”, sostuvieron.
“En primer lugar, hay hechos que parecen repetirse: estamos nuevamente ante un acto delictivo en el ámbito rural, con un buen trabajo del Brigada de Prevención Delitos Rurales y con una Justicia lenta y sin reacción.
Tristemente, este hecho no es aislado. Es uno más de tantos episodios de similares características que vienen teniendo lugar en toda la provincia. La reiteración de los mismos transmite una sensación concreta de inseguridad y desamparo para los productores que observan absortos el desdén de la Justicia”, agregaron.
La ausencia de diligencia y medidas concretas en el caso que estamos relatando por parte de la Justicia merece la reprobación pública. FARER ha estado siempre del lado del productor en estos casos, acompañando y gestionando, por lo que sabemos que muchas veces la indiferencia de algunos resortes judiciales es alarmante. Para colmo, este accionar perezoso que muchas veces deja impunes los delitos es también un incentivo para la reiteración de fechorías”.
Por todo lo anterior, y si bien ha sido una prédica permanente, no nos cansaremos de pedir compromiso y sentido de la responsabilidad al sistema judicial entrerriano, que muchas veces con su actitud dilatoria echa por tierra los enormes esfuerzos de los productores y de las distintas brigadas de Prevención de Delitos Rurales.
La Justicia no puede ser sólo cosa de las ciudades. El campo merece el mismo trato, ya que allí viven ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones”, concluyeron.
