“El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos exige al Senado entrerriano que, en la sesión de hoy, no se trate el dictamen aprobado de manera inconsulta por la Comisión de Legislación General de dicha cámara. Este dictamen no se ajusta a lo acordado, consensuado y girado previamente al Colegio de la Abogacía por los integrantes de dicha comisión.
El dictamen se aparta del Proyecto que tiene media sanción y que fuera aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, luego de un arduo, serio y comprometido trabajo de todos los integrantes de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja junto al Colegio de la Abogacía.
El dictamen de la Comisión de Legislación General del Senado tras 6 meses de demora, modifica lo acordado y baja los honorarios de los profesionales del derecho, incluso por debajo de los mínimos actuales en varios procesos, dictando una norma regresiva. Esta afrenta hacia la abogacía no será permitida ni avalada por el CAER y toda la Abogacía Entrerriana.
La baja del valor jurista decidido por los miembros de la comisión de manera intempestiva, arbitraria e inconsulta, fue resuelta bajo la falsa premisa de “cuidar” las arcas públicas. Los integrantes de la Comisión de legislación del Senado han cedido ante la presión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Entre Ríos, y del Directorio del IOSPER quienes públicamente han atacado el proyecto, desoyendo a cada una de la Secciones del Colegio de la Abogacía.
El IOSPER, a través del señor Fernando Cañete, ha entorpecido el tratamiento del proyecto de ley que dignifica la profesión de la Abogacía mediante la presentación de notas y lamentables manifestaciones públicas, sin tener en cuenta que son los profesionales del derecho quienes abogan por la tutela de los Derechos Fundamentales de los afiliados a la obra social, cuando ésta de manera arbitraria, ilegitima y antijurídica, priva de prestaciones a los entrerrianos, cuando las mismas están garantizadas por la ley, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales.
Lejos están los honorarios de los abogados/as de desfinanciar al IOSPER, cuando el pago de los mismos representa menos del uno por ciento (1%) de las erogaciones que efectúa la Obra Social solo por prestaciones ordenadas a través de Acciones de Amparo. El IOSPER para atender a su desfinanciamiento, debería fiscalizar otras cuestiones, como ser los altísimos salarios de sus directores, contratos, etc.
En cuanto a la preocupación de la Comisión de Legislación del Senado por “cuidar” las arcas públicas, claramente no se evidenció cuando el mismo día que decidieron bajar los honorarios de los abogados y las abogadas de toda la provincia, dejando a la abogacía entrerriana con los ingresos más bajos del país, y ante la solicitud del Ejecutivo y el Poder Judicial dieron su aprobación a la designación de numerosos cargos para el Poder Judicial ( los al Expediente N° 14.845 que crea 125 cargos para el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos; El Expediente N° 14.834 que crea 11 Fiscalías; y el Expediente N° 14.541 que crea 50 cargos para el Ministerio Público de la Defensa), sin atender seriamente sobre la necesidad de los entrerriano de que los mismos sean creado. Vale aclarar que tanto el salario de los funcionarios que cubrirán esos cargos, como el resto de los gastos que conlleva su creación, será afrontado con el esfuerzo de los contribuyentes de nuestra provincia con el aval de los senadores que integran la Comisión de Legislación.
Es por lo dicho que, entendemos que, de continuar con el trámite legislativo, dando sanción a un dictamen que no cuenta con el apoyo y consenso del CAER, la Cámara de Senadores estaría violando el art. 77 de la Constitución Provincial, por lo que reiteramos que tal dictamen no debe tratarse, debiendo volver a Comisión.
Por último, aprovechamos la oportunidad para agradecer y felicitar a las diputadas y diputados, que de manera unánime dieron media sanción al proyecto de ley que busca dignificar nuestra noble profesión y en especial a aquellos que integran la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja. Legisladores que realizaron una loable y meritoria tarea, en pos de mejorar el servicio de justicia y la calidad institucional de nuestra provincia. Lamentamos que otros intereses hayan motivado a los senadores para votar un dictamen contrario”.
