Claro está que aquí también hay que subrayar el combustible que (en simultáneo) ofrecieron centenares de concordienses (de todos los estratos sociales) que aprovecharon la anarquía y la complicidad policial para rapiñar -como buitres- en distintos comercios de la ciudad.
Triste postales que rememoraban lo ocurrido en el año 2001, con la diferencia que en esta ocasión las góndolas de alimentos fueron absolutamente ignoradas.
I
Vale insistir conque la denominada crisis policial no se generó instantáneamente ese 8 de diciembre. Tenía como antecedentes las concentraciones y marchas en la plaza 25 de Mayo de Concordia, manifestaciones que deberían haber representado señales de alerta para los funcionarios de los que depende la fuerza, pero no fue dimensionado así.
No surtieron efecto las advertencias que los propios jefes locales realizaron a sus escalones superiores, ni tampoco los antecedentes de lo que ocurría con los amotinamientos en Córdoba, y las protestas de los policías de Catamarca, La Rioja, Neuquén, San Juan y Río Negro.
Quizás por esos precedentes, ya el día viernes 6 de diciembre eran varios los periodistas de otras localidades de la provincia que consultaban sobre la veracidad de una inminente toma de la sede policial.
Hasta que finalmente ocurrió.
Los policías y sus familiares cruzaron la calle que separa la plaza de la Jefatura e irrumpieron bruscamente en el edificio de calle Pellegrini, entre gritos, empujones, vidrios rotos y parte de los oficiales jefes debiendo escapar por puertas que conectan la dependencia con edificios vecinos y otros (como el caso del Jefe Departamental Lucio Villalba) obligados a encerrarse en sus despachos.
Coincidentemente a la par -e incluso antes del acuartelamiento - llegaban las primeras novedades desde la zona oeste sobre los primeros saqueos que, de inmediato, se diseminaron por toda la ciudad hasta el centro civil y comercial inclusive. Algunas postales de esos momentos son imborrables para este cronista: una mujer embarazada luchando con una heladera para que no se cayera de un changuito de supermercado, o un cuatriciclo “enganchado” con sus ruedas delanteras en la parte trasera de una camioneta 4x4, o dos hombres que llevaban a toda prisa un kayak sobre sus cabezas. Más dramático aún, ser testigo del llanto desconsolado de una mujer dueña de una ferretería en calle Diamante, mientras un delincuente que pasaba por el lugar se bajó de la moto en la que iba de acompañante para intentar robarle una conservadora, pero un policía que estaba en el lugar lo evitó.
Aquí es justo señalar el trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal, que una vez repuesto del clima de anarquía, no sólo investigó a los policías por el delito de sedición, sino también a centenares de civiles que pensaron que las horas de angustia de la mayoría, eran también momentos de impunidad garantizada.
Lamentablemente no faltaron las víctimas fatales y tres personas perdieron la vida en ese contexto de ruptura del contrato social.
II
El clima era de desconsuelo y de angustia, multiplicado y acrecentado desde las redes sociales donde los usuarios publicaban fotos y video de los comercios saqueados. Se mostraba una ciudad con dos bandos bien diferenciados: por un lado los centenares de concordienses que se volcaron al delito y del otro lado -la gran mayoría- que buscaba defender sus propiedades o que se encerraba en sus viviendas rogando que el infierno de las calles no los alcanzara.
Mientras tanto, los medios periodísticos convencionales intentábamos confirmar cada una de esas versiones recorriendo los lugares de conflicto. Pero mientras el periodismo viajaba sobre un caracol, el pánico -alimentado por los rumores- lo hacía a la velocidad de la luz.
A estas complicaciones, en el caso particular de Diario Río Uruguay, se sumó que la cantidad de visitantes buscando desesperadamente información “saturó” la capacidad de tránsito del hosting que aloja el sitio, y éste se “cayó” de internet, por lo que incluso esta redacción aprovechaba las redes sociales como soporte para informar de lo que ocurría.
Pero no todo lo que se publicaba en las redes sociales era verdad. También se compartían (y multiplicaban) noticias sobre presuntos crímenes o incendios de viviendas sobre avenida Las Heras o calle Vélez Sarsfield, los cuales en realidad nunca ocurrieron. Tampoco había sido asesinado el gerente de la sucursal local del supermercado Vea, quien gozaba de buena salud mientras sus colegas comerciantes difundían la noticia de sus deceso.
De la misma manera se hablaba de ataques a la escuela Técnica Nº 1, a la escuela de Comercio “Gerardo Victorín” y que las llamas también estaban consumiendo varios colectivos conjuntamente con el edificio de la terminal de Ómnibus.
Todo sonaba verosímil entonces, todo lo malo podía suceder. Incluso no parecía descabellado que los muertos fueran muchos más de los que finalmente se confirmó.
III
Aquí es importante señalar que se puede tener una mirada compresiva de aquellas horas, pero a un año de dichas jornadas sorprende que haya personas que sigan insinuando irresponsablemente que (de acuerdo a lo que le han dicho fulanos sin identificar) los muertos habrían sido “cerca de 30”, pero que por intereses políticos el dato hasta ahora fue ocultado por las autoridades provinciales y la Justicia.
Eso fue concretamente con lo que insistió el empresario Roberto Niez en una entrevista concedida recientemente al periodista Juan Bracco, quien se encuentra escribiendo un libro sobre aquellos angustiosos días.
De acuerdo a lo que insinúa Niez, se deduce que en Concordia habría (como mínimo) más de 20 familias que hasta el momento han logrado mantener en secreto (inclusive a su círculo de parientes, vecinos y amigos) la desaparición física de personas que (presuntamente) fallecieron en el marco de los saqueos.
Vale remarcar que el empresario fue un actor importante en el conflicto, ya que en plena crisis fue convocado por el gobernador Sergio Urribarri para que interceda con sus gestiones ante los policías insurrectos. Tomando desde entonces una posición favorable al reclamo, aseverando que por parte de los policías “no hubo extorsión ni antes, durante o después” de la reunión mantenida esa noche del 9 de diciembre en la sede de CAFESG, cuando los uniformados lograron una promesa de mejora salarial para que se levante la protesta.
IV
Aún hoy hay quienes insisten en presentar la protesta policial como un mero reclamo salarial. Lo cual era legítimamente defendible hasta que se decidió la toma de la Jefatura Departamental de Policía y se provocó la crisis que vino luego.
Como ejemplo de las diferencias, se puede comparar lo que sucede con el caso de los trabajadores de la salud pública, que cuando llevan adelante un reclamo salarial siempre garantizan el funcionamiento de las guardias mínimas para atender urgencias, conscientes que prestan un servicio fundamental para la sociedad.
Al menos quien suscribe, no conoce antecedentes periodísticos de enfermeros celebrando porque en plena huelga colapsen de pacientes las salas de espera. Mientras que hace un año, algunos policías y sus familiares realizaban comentarios sarcásticos del tipo “¿quien los va a defender ahora?” o “ahora van a aprender a valorar a la policía”, mientras en las calles ocurrían los hechos conocidos por todos.
Como documento que certifica la conciencia de lo ocurrido, uno de los policías imputados en la causa escribió el 10 de enero en su muro de Facebook: “el día 8 de diciembre hubo muchísimos jefes de comisaría y oficiales jefes q (sic) instigaban al personal a lo peor”. Por lo que “no me vengan a decir ahora que desconocían todos los movimientos heee…?”. Para por último advertir osadamente: “ Ojo se hunde el barco y nos hundimos todos ojoooo…!!!!!”.
V
Así como lo ocurrido no puede minimizarse a un simple conflicto de salarios, tampoco se puede aceptar la intensión de los uniformados de colocar como carozo de la cuestión el incumplimiento del gobernador de la provincia de Entre Ríos, quien efectivamente desconoció el “acuerdo” ganado por los insurrectos.
La actitud del mandatario provincial de no cumplir con una promesa es plausible de reproche y de las medidas que se determinen si se judicializa individualmente este punto, pero no puede ser equilibrada con lo que se les imputa a los uniformados.
En todo caso, lo que el resto de la sociedad debe exigirle al Ejecutivo provincial es que precise si luego de aquella crisis se ha trabajado -a conciencia- para que lo ocurrido hace un año no se repita. Si se instrumentaron canales de diálogo para que los policías planteen sus inquietudes, atendiendo que son empleados públicos que no pueden sindicalizarse. Si está vigente una actualización permanente de sueldo en concordancia con el trabajo que cumplen. Y, entre otras cuestiones, si realmente funcionan los procesos de depuración de la fuerza, que les quite el uniforme a delincuentes disfrazados de garantes de la seguridad.
Igualmente, por si es necesario remarcarlo, hay que aclarar que lo que se investiga -de cara a un juicio próximo-no es si Urribarri faltó a su palabra, lo que en rigor se trata de establecer son los presuntos delitos que habría cometido un grupo de funcionarios públicos, a los que la ciudadanía a través del Estado les confió armas y otros insumos para que brinden seguridad; no para que aprovechen esa posición de fuerza para extorsionar a su patronal, con la población civil como rehén y los saqueadores como colaboradores.
