Las legítimas protestas sociales contra una constitución votada a espaldas del pueblo, apurada entre gallos y medianoche, y el reclamo docente para mejorar sus salarios (que tienen un básico irrisorio) fueron la excusa perfecta. La respuesta del gobierno de Morales fue represión, represión y más represión.
Cuando la situación escapó de control intentó deslindar responsabilidades y buscó inventar cucos que, en la oscuridad y el anonimato, serían los causantes del conflicto social, de la inusitada respuesta policial y de las decenas de personas heridas o arrestadas sin causa. En la lógica de Morales, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el turista detenido habrían conspirado para perjudicar su ahora inexistente chance de luchar por un cargo nacional.
En ese marco, la coalición opositora mostró su peor rostro. En vez de ponerse en el lugar de un pueblo sufriente que reclama por sus derechos, cerró filas en torno a la figura de Morales. El mensaje es claro y de tinte mafioso: cualquier cosa se justifica en haras de imponer el modelo excluyente que traen escondido entre el ropaje de frases echas y palabras sin profundidad, cargadas de snobismo.
El último cuadro de esta película repetida lo aportó la UCR de Entre Ríos. Fiel al espíritu de lo que fueron los últimos gobiernos del radicalismo, que terminaron con la guardia canina de la Policía corriendo a los docentes de la explanada de Casa de Gobierno o a agentes disparando a la población civil y causando muertes, duplicó la apuesta por la represión.
Muchos de los firmantes del escrito del Comité radical tuvieron responsabilidades políticas directas en la administración de Sergio Montiel. Y creen que justificando la represión presente en Jujuy lavan sus conciencias de los crímenes que avalaron en el pasado en Entre Ríos.
