Al igual que en el 2008 con la explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense, los precios de los alimentos y demás insumos productivos subieron rápidamente en las góndolas de todo el mundo.
Estos aumentos también se registraron en nuestro país, que viene arrastrando desde hace años un esquema inflacionario multicausal propio. La diferencia es que el impacto externo subió los costos en dólares de insumos básicos.
En este escenario, el Estado tiene la responsabilidad de generar políticas redistributivas que aseguren el desarrollo humano equilibrado en toda la sociedad. No puede ser espectador de lujo mientras algunos obtienen tasas de ganancias exorbitantes y otros luchan por un plato de comida para sus familias.
Por eso, frente a esa enorme cantidad de dinero que se traslada a los ya abultados bolsillos de las grandes empresas del país, es necesario aplicar una gravamen a la Renta Inesperada, una alícuota que viene a equilibrar la balanza a favor del pueblo argentino.
Dicho en otros términos: la Renta Inesperada aplica un principio de justicia social y redistribución económica tan necesario en estos días que transcurren.
Este nuevo esquema que el Gobierno nacional propone no es un nuevo impuesto y no recaerá sobre el aparato productivo local ni sobre las economías regionales. Está diseñado para empresas que hayan ganado (no facturado) más de $ 1.000 millones, que esta cifra represente más de un 10% de ganancia y que ese monto implique un incremento de al menos un 20% con respecto a 2021.
Experiencias similares se están aplicando en otras partes del mundo, incluso en aquellos países que se ponen como ejemplos “serios” cuando algún sector quiere denigrar la tierra que nos cobija y a su gente.
