El título de la información oficial rezaba: “El STJ dejó sin efecto los Acuerdos Generales que permitían la eximición de aportes al IOSPER”. Sin embargo luego explicaron que es “a futuro”. “Esto es para adelante lo anterior corre por cuenta de cada uno”, dijo en segunda instancia el responsable de la prensa institucional.
Lo que se presentó como el fin de un privilegio desde este sitio no es tal. La información inicial daba cuenta de que “el Superior Tribunal de Justicia dejó sin efecto los acuerdos de los años 2002 y 2003 por el cual el alto cuerpo judicial se autorizaba a dejar de aportar al IOSPER”. Sin embargo hay que aclarar que lo que se fija es que “a futuro” los jueces deberán aportar.
La decisión actual surge del Acuerdo General N38, recientemente firmado por los vocales Susana Medina De Rizzo, Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Leonor Pañeda, Emilio Castrillon y Juan Ramón Smaldone y la presidenta Claudia Mizawak.
Fue precisamente Mizawak quien sometió a consideración de sus pares el asunto, lo remitió al procurador general Jorge Luciano Amilcar García y consideró que la situación actual “difiere sustancialmente de aquella que determinó el dictado de las acordadas, hace 11 años, quedando éstas actualmente fuera de contexto”.
La titular del STJ mencionó que fue determinante también el encuentro explicativo que mantuvieron los jueces del máximo cuerpo provincial con el titular de la obra social, Fernando Cañete. Apenas asumió hace tres meses, y ante una pregunta del sitio Análisis Digital, Cañete había dicho que entre los objetivos de su gestión es dialogar con los jueces para que vuelvan a aportar a la obra social, tal como lo mandata el Decreto-Ley 5326/73 de creación del IOSPER, que establece la obligatoriedad del aporte al régimen por parte de trabajadores estatales, incluidos los jueces y funcionarios del Poder Judicial entrerriano.
Sin embargo, los vocales que se arrogaron ese privilegio seguirán con el privilegio. Ellos según publicó Página Judicial: Carlos Chiara Díaz, Omar Carubia, Germán Carlomagno y Bernardo Salduna, más otros jueces de instancias inferiores.
El acuerdo que tiene más de una década firmado por los vocales viola la ley orgánica del Iosper (Nº 5.480) que establece en su artículo 3º que están “obligatoriamente” afiliados los “funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados”. El artículo siguiente sólo exceptúa a los contratados, es decir a los que ocupan cargos electivos o los que pertenezcan forzosamente a un régimen municipal o nacional.
