La Ley 10.317 también modificó otros 186 artículos más del Código Procesal Penal (CPP), pero en el caso concreto del N° 83 permite que cualquier persona que resulte directamente afectada por el delito cometido por menores, ahora puede constituirse como querellante particular y participar en el proceso para probar el hecho y la responsabilidad del acusado. Como así también ofrecer y producir pruebas, solicitar al Juez la detención u otras medidas de restricción personales y deducir recursos.

Según detalló a Diario Río Uruguay la periodista Paola Oyuela, responsable de prensa de las marchas que se hicieron tras el cruente crimen, la reforma es la consecuencia de la declaración de la inconstitucionalidad parcial del viejo artículo 83 del CPP, el cual impedía esta participación en el caso de procesos contra menores, y que fue planteada por el letrado contratado por la familia Ferre- el abogado de San Salvador Juan Carlos Arralde y luego admitida por el Tribunal De Apelaciones de la ciudad de Concordia, presidido por la doctora Carolina Lopez Bernis.

 

Crimen y reacción social

 

El “caso Ferre” investiga el asesinato del joven de 20 años “Sebastián” un violento e inexplicable crimen ocurrido en la tranquila localidad de General Campos la noche del 22 de junio de 2013 en ocasión de un evento bailable de jóvenes de 6to. Año en el polideportivo municipal, a manos del imputado que entonces contaba con 17 años de edad.

El brutal crimen conmovió a toda la sociedad que se movilizo en numerosas y nutridas marchas populares conducidas por el padre del joven asesinado Víctor Ferre, que prometió no descansar hasta hacer justicia por la muerte de su joven hijo. Desde entonces, Ferre ha venido actuando, denunciando y difundiendo su caso en cuanto foro se presenta para generar conciencia acerca de la necesidad de cambiar las leyes de menores y luchar para combatir los estragos que hacen las drogas en la juventud- “Le prometí a mi hijo frente a su féretro que su muerte no iba a ser en vano”, repite Víctor a quien quiera oírlo.

Su prédica no parece haber caído en vano. Este primer paso, la de ganar la batalla judicial para poder ser parte en el proceso que investiga la muerte de su hijo logró un precedente único en la provincia de Entre Ríos: la de que una jueza declare inconstitucional y por lo tanto inaplicable esa prohibición que le impedía participar en el juicio.

En septiembre de este año, a propuesta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Legislatura derogó la parte del artículo 83 que establecía ese impedimento. Ahora Ferre confía en que durante el juicio -que se llevará a cabo en Concordia- el juez condene al asesino de Sebastián Ferre a cumplir una condena de prisión efectiva.