Como es de público conocimiento, en Agua Patito se centralizó el proceso de relocalización de familias desplazadas por las últimas crecientes del río Uruguay.
Máximo rigor
Al respecto, la directora del Instituto de Viviendas, Marina Peñaloza remarcó que “la venta de viviendas sociales es un delito que no vamos a permitir ni tolerar, si alguien trata de vender una casa está perpetrando una estafa”.
Por eso, “hicimos la denuncia y estamos trabajando en el tema, porque tenemos claras instrucciones del Intendente de actuar con el máximo rigor posible ante este tipo de situaciones”, agregó.
“En Agua Patito se instalaron las cien denominadas Casas Toyota que envió Nación. Esto nos permitió iniciar la construcción de un nuevo barrio para las familias que residían en zonas inundables. En un trabajo articulado con Nación y Provincia estamos avanzando en la erradicación definitiva de los sectores de la ciudad más afectados por las inundaciones. Es un trabajo serio, responsable y transparente, que estamos consolidando a través de la construcción de 250 viviendas de madera para más familias y controlando que no se instale más gente en la zona inundable”, detalló la funcionaria.
“Parte de este proceso es evitar que las viviendas sociales se vendan o pasen a manos de gente que no es parte del proceso de relocalización. Es un delito tratar de vender una de estas casas. Por eso intervenimos de inmediato cuando aparecen publicaciones en las redes sociales o cuando detectamos alguna maniobra que nos parece sospechosa”, subrayó la arquitecta.
Y agregó el agradecimiento "e;a los vecinos que nos avisan cuando se enteran de casos así, porque esto permite combatir el delito"e;.
