La Sala de Casación del Superior Tribunal de Justicia deberá resolver el conflicto legal y determinar si el tribunal debe hacer comparecer al testigo o por la figura institucional que encarna se le debe aceptar un testimonio por escrito.
Tras varios cuartos intermedio durante la mañana de este miércoles, el tribunal compuesto por los jueces Jorge Barbagelatta, Dario Perroud y Silvina Gallo entendió que no correspondía declarar la caducidad de la prueba que solicitaban a coro los abogados defensores, pero sí dispuso que el debate sea suspendido inmediatamente según lo fija el Código Procesal Penal de Entre Ríos.
La controvertida audiencia Nº 40 estuvo protagonizada casi íntegramente por los abogados defensores, entre los que Edelmiro Díaz Vélez puntualizó que "se hace el debate o se inicia el juicio" y graficó que las audiencias mantenidas desde hace casi dos meses han desembocado "en que hoy estemos en un laberinto sin salida", por lo que pidió que prioricen " los derechos constitucionales de mis defendidos".
Así mismo, su par Oscar Bacigaluppe especificó minutos antes que "primero se debe agotar los testigos de la Fiscalía, pero nosotros de buena fe ya empezamos a aportar testigos de la defensa, siendo que podría estar paralizado este juicio" y añadió que "está en juego la libertad de 18 personas", por lo que seguirá manteniendo la decisión de no llevar nuevos testigos hasta conocer la totalidad de las pruebas en contra de los imputados que lleve la Fiscalia.
Por su parte, el defensor oficial Rafael Giorgio fue categórico al exigir: "o se termina y no se cuenta con la declaración del gobernador, o se desiste" y entendió que el mandatario "ya decidió que no quiere testimoniar frente al Tribunal", por lo que éste no debía otorgar un nuevo plazo.
En línea similar, Gonzalo Cantallops anticipó que se podrán volver a citar los testigos ofrecidos por los abogados Butéknica y Bonatto, "porque podrían quedar preguntas por hacer y se afectaría el derecho de defensa de mi defendido, Paredes".
La perla de la jornada la dio el abogado César Bonatto, quien a media mañana pidió una nueva fecha para interrogar a Urribarri, pero también apoyó la idea de que se lo lleve por la fuerza hasta los tribunales. En contramano con sus colegas y en clara oposición de sus defendidos, Bonatto debió soportar el fuerte reproche de los siete agentes que defiende en plena audiencia, por lo que el presidente del tribunal dispuso un cuarto intermedio para que se pusieran de acuerdo. A los minutos, el letrado anunció que iba a desistir de la testimonial del gobernador, junto a la totalidad de los otros defensores.
