En el escrito enviado desde la gobernación, y que contó con el patrocinio del fiscal Rodríguez Signes, se estimó constitucional la prerrogativa por parte del mandatario de declarar en forma escrita, cuestionando la intimación de la Sala concordiense, quien días atrás le pedía definiciones sobre cómo prefería testimoniar, ofreciendo cuatro opciones distintas. 

Amparado en un artículo del código entrerriano, el Ejecutivo ya anticipó que apelaría en caso de no aceptarse su aporte por la vía escrita, y que fuera solicitado por la fiscalía y dos de los seis abogados defensores. 

El abogado Edelmiro Díaz Vélez estimó "razonable que se desista de la declaración del gobernador" y puntualizó que esa dilatación en las definiciones "va a afectar en todo este proceso del debate, perjudicando seriamente a los imputados", tras lo que añadió: "puede llegar a una paralización del juicio".

En similar postura se manifestaron los abogados Giorgio y Cantallops que ya habían desistido al testigo, mientras que los defensores Butteknica y Bonatto sostuvieron que se cite al funcionario "como un ciudadano más".Para Cantallops "esto afecta los derechos de los imputados, ya que la mayoría tienen prisión preventiva, y las defensas están impedidas de la producción de las pruebas".