Estos mismos profesionales integraban una cooperativa de transporte de mercadería cuyas oficinas funcionaban en el “Paseo de las Luces”, de Paraná, lugar que también fue allanado.
Los primeros resultados de los allanamientos indican que sólo en esa firma se podrían haber evadido 160 millones de pesos. Los datos relevados por la AFIP harían presumir la existencia de una organización delictiva dedicada a la creación de una ingeniería financiera para beneficiar a la cooperativa, la que se habría extendido a otros contribuyentes para facilitar la evasión de impuestos, lo que daría lugar a la comisión del delito de “asociación ilícita fiscal”. Además habrían detectado relaciones laborales encubiertas en forma de asociados que alcanzan a montos millonarios en evasión previsional.
La operatoria se desactivó a raíz de una investigación de la AFIP y luego de allanar seis domicilios de Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados e información de los clientes que adquirieron este "producto".La semana pasada El viernes pasado, se pudo registrar un importante movimiento de agentes de la AFIP y Prefectura en el edificio central de la agencia de Avenida Ramírez desde donde se trasladaron hasta un edificio de calle Nogoyá al 700, pero en la oportunidad, ante la reserva de las investigaciones, no se emitió información al respecto.
La investigación sigue. El delito de asociación ilícita fiscal comprende una escala penal de 3 años y 6 meses a 10 años de prisión efectiva.
En la Justicia
Según publicó este jueves el sitio Página Judicial, los imputados en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se investigue una asociación ilícita que involucra a reconocidos profesionales de la ciudad tuvieron un alivio. La causa quedó a cargo de Carlos Orlando Saboldelli, quien se desempeñará en carácter de conjuez.
Se trata de la mano derecha de la senadora nacional Sigrid Kunath en la Secretaría General y de Relaciones Institucionales del gobierno provincial, donde oficiaba de asesor legal, y actual coordinador Legal y Administrativo de la Secretaría de Coordinación de Gabinete.
La causa debió llevarla el juez federal Leandro Ríos, pero cuando se inició el expediente, hace un año, el magistrado se excusó por tener una cercanía con uno de los imputados, Roberto Izaguirre. Magistrado y abogado supieron cursar materias en tiempos de la universidad. Otro argumento fue que la defensa del sospechoso la lleva adelante Leopoldo Lambruschini, del estudio de Julio Federik, suegro de Ríos. Los otros implicados son Luis Morelli y Sergio de Araquistain y Montagnese.
La investigación surgió de una denuncia anónima previa. En rigor, se trata de dos causas que fueron unificadas, se informó a Página Judicial. Por un lado, tramita un expediente que tiene bajo la lupa a Caballi SA y, por el otro, uno en el que se investiga a una supuesta cooperativa de provisión de servicios para transportistas que lleva el nombre de “Alianza Empresaria”. En esta última estaban los paranaenses Morelli e Izaguirre, hijo de Alicia Ibáñez, procuradora de la AFIP. En literatura se lo encuadraría en lo que se conoce como realismo mágico.
La operatoria se desactivó gracias a una investigación de la AFIP y luego de allanar seis domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y quiénes eran los clientes de la “cooperativa”.
