Según señalan fuentes judiciales a Diario Río Uruguay son reiterados los casos de mujeres que al tiempo explican que no quieren declarar o minimizan la cuestión vivida. La acción penal contra quien ejerce la violencia se encuentra así sin el principal aporte de la víctima. Asistentes sociales y psicólogos serían claves para acompañar y entender cómo van variando los contextos emocionales.
En ese marco sería óptima la contribución de especialistas en el área de informática, colaborando con los casos de amenazas en las redes sociales y a través de celulares. La obtención de rápidos informes por parte de las compañías de celulares contribuiría a acelerar los tiempos.
A principios de año, el encargado en Concordia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (CoPNAF), Fernando Rouger, subrayaba ante los medios la necesidad “de potenciar, reforzar y fortalecer las políticas públicas, vinculadas a la prevención, y asistencia integral de la violencia de género y violencia familiar, con la participación de los distintos Poderes” y señalaba sobre la importancia “de no callar actos de violencia sufridos, que se debe realizar las denuncias correspondientes y que los organismos de estado están comprometidos en asistir este tipo de cuestiones”.
