En este marco, uno de los casos más relevantes en Entre Ríos es el de la banda narco de Concordia Las Tanas. Liderada por Norma Alejandra Ledesma, varias personas han tenido un crecimiento patrimonial inusitado e injustificado, según advierte el juez que los procesó y ha confirmado -ahora- la Cámara Federal.
La investigación de Toxicología de la Policía provincial había comenzado en 2017 y concluyó en octubre de 2019 con múltiples allanamientos en los que se incautaron 14 kilos de cocaína de máxima pureza, fuertes sumas de dinero y numerosos vehículos a nombre de distintos integrantes de la organización delictiva. Asimismo, en varias de las viviendas requisadas se observaron bienes suntuosos y construcciones casi palaciegas en contraste con las viviendas humildes que las rodean, en la zona del barrio Cabo Sendros. En aquella oportunidad, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó a Ledesma, a su hija Romina Baglietti, su hermana Carmen y a otras ocho personas por narcotráfico y lavado de dinero proveniente de esa actividad ilegal. Pero luego, en noviembre del año pasado, amplió los procesamientos en cuanto al tiempo en el cual la banda blanqueó la plata: entonces, están acusados de “haber integrado una organización que con habitualidad y de forma continuada se dedicó desde el año 2011 a la generación de una importante masa de activos a través de actividades ilegales de tráfico de estupefacientes en la ciudad de Concordia y al lavado de los mismos, constituyendo con las ganancias un patrimonio que fue puesto en circulación en el mercado mediante diversos negocios jurídicos con el fin de que adquiera apariencia de origen lícito”.
Estas operaciones “habrían sido particularmente la compra de bienes inmuebles y la compra-venta y trasferencia de rodados, donde los imputados habrían intervenido como adquirentes, titulares y/o autorizados a conducir”.
Los abogados defensores Juan José Buktenica y Gerardo Rivero apelaron esta medida ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que la semana pasada confirmó la resolución de Seró. “Los imputados no registrarían actividades laborales lícitas o que les permitan una evolución patrimonial superior a la que podrían generar con sus ingresos”, sostuvieron los camaristas Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren.
“No se advierte una mera intervención ocasional, accidental o referida a relaciones familiares, sino que se ha logrado reconstruir la hipótesis de un obrar organizado de sus miembros, dotado de cierta permanencia y bajo un concierto de voluntades”, agregaron.
Los números no cierran
Según consta de los informes recabados en instrucción de la causa, la jefa de la banda se encuentra inscripta en AFIP como monotributista categoría “G” en el rubro “venta de cosas muebles”, que hoy tienen las personas que declararan ganancias por 1.252.435,53 pesos anuales, es decir más de 100.000 pesos por mes. Su domicilio declarado es el de calle Gualeguay y Vélez Sársfield donde allanaron los policías. Asimismo, es titular de tres vehículos y habría tenido un cuarto. No obstante, la mujer registra una relación laboral de solo un mes en 2009 en una contratista de mano de obra rural. El informe brindado por Migraciones dio cuenta de que Ledesma cuenta con numerosos cruces hacia la República de Paraguay.
Su hija está en una situación similar, con un domicilio declarado y otros tres alternativos en la ciudad de Concordia. Se encuentra inscripta en AFIP como monotributista categoría “A”, para locación de servicios –transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises. Es decir, que ha montado una remisera en la cual pondría a trabajar los vehículos que fueron adquiriendo: aparece como dueña de siete vehículos, y cuenta como autorizada para conducir otros dos. Ha viajado en numerosas ocasiones a Uruguay y Brasil. Al igual que su madre, Baglietti la única vez que tuvo un trabajo registrado fue solo un mes en 2009 en a misma empresa de tareas agrícolas. También llamó la atención la situación de Juan Ramón Galarza, quien fue cabo de la Policía de Entre Ríos desde febrero de 2007 hasta agosto de 2016. Según lo informado por Anses, en 2020 recibió el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), y sería propietario solo de una moto. Sin embargo, el fiscal general Ricardo Álvarez subrayó que tiene otros rodados que estarían a su nombre, así como también hay otros a los que estaría autorizado a conducir, y que habría ostentado consumos mensuales por más de 100.000 pesos.