En cuanto al juicio, el procurador General recordó que “en el mes de julio presentamos el pedido de remisión y la defensa está desde ese momento con chicanas para alongar el trámite y trata de que los policías se victimicen”.
En ese sentido, García consideró que “al hecho de tomar a la Jefatura policial, que pusieran un vallado y que instigaran para que se cometieran robos de electrodomésticos en comercios de la ciudad, fue uno de los hechos más graves que se dieron en la provincia, y por eso es mi preocupación para que se pueda ir a juicio cuanto antes”. Ahora “el 1º de diciembre se va a decidir la elevación de la causa a juicio. La idea nuestra era llegar a esa instancia a fin de año, pero no sé si se podrá, creo que en marzo comenzará el juicio”, explicó.
En esa línea, añadió “éste es uno de los delitos más antiguos, porque en la época de la confederación, las revueltas eran moneda corriente y eso ahora atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones provinciales”. Para dar mayor precisión al respecto, el procurador señaló que “en el Código Penal, una de las muy pocas veces que usa una palabra coloquial, habla del alzamiento en armas en el ámbito provincial para arrancarles alguna medida o concesión, es decir, habla de la idea de coacción. Los policías están para custodiar los derechos humanos de la ciudad”.
García recordó “esa foto en la que aparece el gobernador Sergio Urribarri rodeado de funcionarios policiales sublevados con las armas en la cintura. Ahí se ve claramente que hay un acuerdo para pacificar, pero que de ninguna manera puede ser que esto se acordó en el marco de una paritaria. Es algo que, por el contrario, prueba el ambiente de extorción para arrancar una solución”.
