Para Cullen “estamos frente a una cuestión persecutoria. Ni siquiera podemos hablar de un lawfare o guerra judicial porque implica el reconocimiento de dos bandos en disputa. Acá hay un solo bando, es una cacería judicial. Se ha puesto todo el aparato punitivo del Estado en pos de perseguir a Urribarri”, afirmó el letrado e indicó que el ex mandatario sería la “caza mayor” de lo que definió como law hunting.
Seguidamente, manifestó que las teorías del Ministerio Público Fiscal no tienen “su correlato en la realidad porque conocemos ya las pruebas que va a poder ver el Tribunal”.
En relación a las empresas publicitarias que son cuestionadas, el abogado explicó que “no se trata de personas que hicieron empresas para contratar con el gobierno o para beneficiarse de algún tipo de situación personal de algún amigo o del propio ex gobernador. Se trata de empresas que venían funcionando hacía años, personas que trabajaban en el rubro, que se asociaron entre ellas, que después fueron creciendo y que eso les permitió diversificarse, y todo eso está probado en la causa”.
También señaló que “el propio Ministerio Público Fiscal había contratado a la antecesora de una de ellas, para la realización de un toldo”.
Cullen insistió con que “todo este circo que se ha armado en medio de una campaña electoral, con un clarísimo objetivo de desprestigio hacia una persona y su grupo político, llama poderosamente la atención”.
“Ojalá que el Tribunal entienda lo mismo que entendemos nosotros, y que pueda evaluar la prueba con total objetividad, lejos de las presiones”, manifestó.
Por otro lado, Cullen opinó sobre la aplicación del sistema acusatorio en Entre Ríos y otras provincias. “Ha sido utilizado como un avasallamiento de cada una de las garantías que tenemos y en esa línea, los fiscales desgraciadamente han tomado esto como una especie de competencia con la defensa”, sostuvo.
“En cada proceso tengo que pelear para que me acepten un testigo, para que me acepten una pericial, porque tengo un colega que está enfermo y poco más le ponen una cámara en el hospital, por los derechos básicos”, señaló.
“Si se plantea que se está atacando el derecho de defensa, es la propia Fiscalía la que tendría que respaldar el derecho”, aseveró en referencia a la situación de uno de los imputados que por enfermedad será juzgado en otra instancia, lo cual fue criticado por los abogados defensores. “Si va a haber una condena o una absolución que sea en las mejores condiciones posibles, eso hace a un sistema republicano de verdad, que respete las garantías constitucionales”, dijo.
Más adelante, Cullen mencionó que desde la Fiscalía se “han realizado tareas que cuanto menos han atacado la buena fe procesal al sostener, por ejemplo, que estaba extemporánea una pericial, lo cual no está en el auto de remisión”. “Por suerte el Tribunal nos dio lugar y se admitió”, agregó.
En términos generales, consideró que “hay doble vara, hay investigaciones parcializadas, se ha puesto el aparato represivo del Estado en contra de determinadas personas, y eso es muy grave”.
“Pareciera que siempre que hablamos de causas o hechos de corrupción, los únicos que pueden ser investigados son el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo hacemos para medir la desviación de poder en el Poder Judicial? Tenemos cuatro fiscales que durante tres meses van a estar dedicados exclusivamente a esta causa. Cada fiscal tiene sus ayudantes y secretarios. ¿Eso no es una desviación? ¿Como ciudadano no podría decir por qué los recursos del Estado se gastan en esto, y no en cosas más importantes?”, manifestó.
Respecto del rol de los organismos de control en los actos de gobierno que se juzgan, Cullen señaló: “La Constitución Provincial, moderna, surgida de consensos, estableció todo un capítulo de órganos de control, con un debate riquísimo, y acá lo único que importa es si la Fiscalía está de acuerdo o no. Debería ser la primera garante de que se respeten”.
Seguidamente se preguntó: “¿Cuándo va a haber una reacción de la República, de las instituciones si sostenemos que no sirve para nada ningún organismo de control y avalamos un superpoder que esté por encima, y ni siquiera los organismos de control salen a defenderse?”, apuntó.
En relación a los planteos de las defensas, señaló también que: “En estas cacerías que se están haciendo, las defensas al unísono, sin habernos puesto de acuerdo, pedimos dos cosas: que se admitan las pruebas y se aplique la ley”.
“El Ministerio Público Fiscal instauró que nosotros queríamos aplazar el juicio a cualquier costo. Cuando empieza el juicio uno de los abogados defensores debe renunciar porque había sido propuesto para un cargo. Cualquier abogado que agarre una causa compleja como esta, hubiera pedido 60 días y cualquier tribunal se lo habría dado. Yo renuncié a los plazos para que se haga el juicio y para que no pongan en tela de juicio el honor de las personas”, manifestó. “¿Y nosotros somos los que queremos demorar?”, dijo refutando de forma irónica al MPF.
“Como sociedad debemos reaccionar, porque una sociedad más justa es una sociedad sin grietas, sin odio, sin revanchismo, sin cacerías, sin persecuciones, donde todos respetemos el derecho”, reflexionó
