El mandatario había encargado oportunamente a los integrantes de la Sala, vocales Claudia Mizawak; Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio la elaboración de sugerencias para ser elevadas al Poder Legislativo, que deberá tratarlas.
Las sugerencias formuladas desde la Justicia, giran en torno al fortalecimiento del rol de los jueces y juezas de Garantías durante la Investigación Penal Preparatoria; los plazos de duración de esta; el efectivo y oportuno control jurisdiccional en las detenciones; la actuación dinámica de las partes dentro del proceso; la plena vigencia del principio de oralidad; el abordaje del juicio abreviado y sus alcances; y la importancia de la etapa intermedia y los métodos alternativos de resolución de conflictos.
Asimismo, se expresa la necesidad de regular con mayor precisión la conversión de la acción pública en privada y el accionar de la querella autónoma, posibilitando un ágil acceso y participación de las víctimas en el proceso penal.
Por otra parte, se ha trabajado en propuestas de reglamentación -dentro del digesto procesal- de diversos institutos que no se hallan regulados en el actual Código, en las esferas de jurisdicción y competencia de jueces/as y Tribunales, en el procedimiento de Mediación Penal, en el trámite del recurso de impugnación extraordinaria y en el recurso de queja en sus diferentes instancias.
Para la elaboración de las propuestas elevadas, desde la Sala Penal se realizaron reuniones con integrantes del foro penal de toda la provincia. Entre ellos juezas y jueces de Garantías; de Ejecución de Penas; vocales de Tribunales de Juicios y Apelaciones; representantes del Colegio de la Abogacía; Oficinas de Gestión de Audiencias; mediadores penales y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, que su vez se mantuvo encuentros con representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa; realizaron aportes y participaron de los debates, donde se intercambiaron ideas y sugerencias.