Así comenzó la audiencia, que se desarrolló en bloques de tres horas para las exposiciones de los defensores, con interrupciones de dos horas para higienizar el salón, como lo indica el protocolo sanitario aprobado para este juicio.
Entonces, los defensores de Pedro Báez dieron su punto de vista sobre las imputaciones que se le hicieron al ex ministro de Cultura y Comunicación de la provincia. José Velázquez fue el que más se enfocó en lo jurídico y comenzó preguntándose “cuál es el límite de la posición de garante”, para luego asegurar que “ser funcionario público es ser temerario” porque “todo se supone o se presupone y depende de dónde caiga la moneda habrá dolo o culpa”. Para el abogado, el tema de fondo deberá analizarse en los alegatos finales: “¿Los imputados deberán responder por las consecuencias inmediatas, mediatas y hasta remotas como guardianes del proceso administrativo desde el inicio hasta la finalización? ¿Dónde está el límite?”, se preguntó el letrado.
En ese sentido, Velázquez dijo que “no se trata de que es únicamente un sistema” y aprovechó para poner el dedo en la llaga: “¿Qué pasa entonces con el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, que designó a sus funcionarios en la Dirección Nacional de Migraciones y resulta que armaron un sistema de espionaje paralelo?”.
Luego se abocó a las acusaciones que enfrenta el ex ministro y comenzó hablando de las contrataciones de publicidad a través de las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. El letrado se mostró sorprendido al ver –según dijo en la audiencia– que los spots publicitarios y la solicitada contra los fondos buitre se encuadren dentro de lo que se conoce como “el sueño entrerriano”, en referencia a la supuesta utilización de publicidad oficial para posicionar la figura del entonces gobernador Urribarri en la escena nacional. “Los hechos son una espectacularidad que viene a moralizar el derecho penal. La solicitada no dice al final ‘Urribarri 2015’ ni lo presenta como precandidato a presidente. Lo mismo sucede con los cuatro spots (que se hicieron para promocionar la Cumbre del Mercosur). Y en lo relacionado con las cuestiones impresas y de cartelería tampoco hay una sola mención al sueño entrerriano. ¿Por qué se lo atribuyen a Pedro Báez?”, se preguntó.
“Eso sí –dijo Velázquez–, en la imputación se hace mención a que el único propósito había sido beneficiar económicamente a… Eso van a tener que probarlo. Desde la misma manera van a tener que probar que el spot y la solicitada (en diarios del interior y capitalinos) tenían como único fin promocionar la candidatura a presidente (de Urribarri)… Ahora resulta que, cuando se analiza el caso, uno ve que se hace referencia a un mensaje implícito”, se explayó Velázquez respecto a la acusación y la decodificación que hacen los fiscales respecto de los spots publicitarios, la solicitada y las campañas en medios y en la vía pública. “Estamos acá para analizar comportamientos exteriores, no ideas. No estamos para hacer un análisis psicológico”, ironizó el defensor del ex ministro Báez.
En tanto, Díaz y Miguel Cullen, que representa a siete imputados –entre ellos, a la esposa de Aguilera, Luciana Belén Almada–, fueron los primeros en cargar contra el Ministerio Público Fiscal. Este último comparó a los fiscales con “un pavo real, que abre sus alas para impresionar”. Con esa metáfora cuestionó al organismo a lo largo de su exposición ante el tribunal que integran Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
Cullen sostuvo que los fiscales quieren “penalizar actos de gobierno y aspiraciones electorales” y destacó, como lo han hecho los defensores a lo largo del proceso, que los organismos de control aprobaron las decisiones administrativas, es decir, las contrataciones de publicidad que cuestiona el Ministerio Público Fiscal. “¿Para qué tenemos a la Contaduría General, a la Tesorería y a la Fiscalía de Estado, si tenemos el gran Leviatán que es el Ministerio Público Fiscal?”, se preguntó el defensor. Escuchaban la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Montrull y Gonzalo Badano, que intervienen en el juicio.
El PJ, no el Gobierno
A su turno, Marcos Rodríguez Allende, defensor de Aguilera, explicó que el rol principal del cuñado del gobernador no estaba en la función pública –fue secretario del bloque de senadores del oficialismo, secretario administrativo en el Senado y delegado en la Casa de Entre Ríos–, sino en el Partido Justicialista. “Ese rol que tiene y que tenía preponderantemente en el partido le generaba esa vinculación necesaria en su carácter operativo más que fluido y estrecho con las distintas empresas de publicidad”, sostuvo el letrado. De ese modo pretendió separar a Aguilera de cualquier irregularidad que hubiere en la contratación de publicidad y las empresas en cuestión que se le atribuyen.
Según dijo, TEP SRL y Next SRL “tienen una historia que nace en el año 2003, y la vamos a contar; vamos a llamar a testigos y trabajadores para que cuenten cuáles son sus tareas. Es incorrecto decir que Aguilera haya sido funcionario del Poder Ejecutivo, sino que lo era del Poder Legislativo, y lo vamos a probar”. Rodríguez Allende admitió, sin embargo, que “que estuvo en la Casa de Entre Ríos, pero también es cierto que su función no tenía nada que ver con la disponibilidad de caudales públicos”.
Rodríguez Allende insistió en que la acusación en contra de Aguilera se sostiene en una “interpretación forzada” de los hechos y que se lo imputa por la sola razón de ser cuñado de Urribarri.
El abogado dijo además que “la Fiscalía, en un pasaje muy rápido e impreciso, dijo que Luciana Belén Almada, Alejandro Almada, Maximiliano Romeo Sena y Emiliano Giacopuzzi han sido prestanombres (de Aguilera), sin dar explicaciones de cómo desaviaron fondos del erario público. Vamos demonstrar que lo dicho por el Ministerio Público Fiscal no se condice con la realidad” y agregó: “Giacopuzzi y Sena no son prestanombres. Luciana Almada es concubina de Aguilera y es verdad que tiene el 10 por ciento de las acciones de TEP, de la publicidad estática, pero también es verdad que se dedicó desde el año 2000 a distintos servicios gráficos, al marketing y a la publicidad. Vamos a demostrar que las cuatro personas que son acusadas de ser prestanombres, no lo son, sino que hay una historia de trabajo detrás”.
Respecto del parador instalado en Mar del Plata en enero de 2015, Rodríguez Allende afirmó que cuando la fiscalía dice que el famoso slogan “el sueño entrerriano” fue utilizado para una campaña presidencial, incurrió en un error. Ese slogan, dijo, fue para la campaña electoral de las elecciones legislativas de 2013.
Todos los defensores adelantaron que solicitarán la absolución de los catorce imputados. Del mismo modo lo había hecho Emilio Fouces, defensor de Hugo Marsó y Gerardo Caruso, que hizo su alegato de apertura el martes.
El juicio continuará para el próximo lunes, a partir de las 9, cuando llegue el turno de Barrandeguy y José Candelario Pérez, defensores de Urribarri. Ese día también se comenzarían a plantearse las cuestiones preliminares.
