En el tramo más fuerte de su exposición, la fiscal Patricia Yedro le preguntó cuál era la relación de Aguilera con las imprentas. El testigo afirmó que la esposa, Luciana Almada, era una de las socias de una de las empresas (Next) y su cuñado (Alejandro Almada) también (Tep).
“¿Cumplía (Aguilera) algún rol en la empresa?”, insistió la fiscal. “No que yo sepa”, contestó Pereyra. “¿Intervenía en las reuniones?”, prosiguió Yedro. “No”, precisó el testigo. Luego, el empleado del PJ opinó desde su experiencia personal que en una relación conyugal, la pareja es una de las fuentes de consulta permanente sobre la marcha del negocio. Y entendió que tal vez eso ocurría entre Almada y Aguilera. “¿Aguilera tenía otro trabajo?”, inquirió la fiscal. “Juan Pablo trabajaba en el Senado”, fue la respuesta de Pereyra.
Antes había afirmado con claridad que Giacopuzzi y Sena eran los dueños de las empresas Tep y Next, respectivamente.
Que Tep y Next fueron favorecidas en la distribución de la publicidad en cartelería pública durante la gestión de Urribarri, que Aguilera era el dueño real de estas empresas y que los Almada, Giacopuzzi y Sena actuaban como prestanombres es el andamiaje sobre el que se solventa el tramo denominado de “las imprentas” o de “la vaca” en la acusación fiscal.
Hacia la confirmación de esos supuestos se dirigió la batería de interrogantes que desplegaron durante toda la mañana los representantes del Ministerio Público Fiscal. La audiencia comenzó poco después de las 9 y sobre las 12:20 el Tribunal cortó para que se higienice el recinto, siguiendo con el protocolo contra el Covid - 19
El testigo
Gustavo Pereira es empleado administrativo del PJ Entre Ríos desde 1992 y dijo conocer a varios de los implicados por haber sido proveedores del partido. Controlaba en la fuerza política facturación y productos. También tuvo una empresa personal, que cerró hace unos años. Era una agencia de publicidad, denominada “Publicitar” que fue desde el 2014 hasta el 2017, más o menos. Con ella logró la concesión de carteles de vía pública en Paraná a través de una licitación.Pero desde 2009, al menos, estaba en contacto directo con los imputados con quienes colaboraba primero ocasionalmente y luego de manera más asidua con las gestiones de seguimiento de expedientes en la Administración Pública, la tramitación de pagos y hasta el retiro de cheques de empresas no radicadas en Paraná.
También hizo gestiones de favor para Fernando Montañana, a quien conocía por haber contratado el PJ cartelería en ruta. Uno de ellos era el cobro de cheques en organismos públicos para evitar que el empresario de Concepción tuviera que viajar para cada trámite. Montañana fue excluido de este juicio debido a un problema de salud. Esto motivó que las defensas cargaran contra las preguntas de la Fiscalía sobre el particular, ya que el empresario no estaba presente para defenderse.
Documentos
Fiscalía le exhibió archivos del disco rígido cuestionado por las defensas por haberse perdido la custodia y cuya legitimidad está en discusión. También material secuestrado durante los allanamientos concretados en la etapa investigativa.Tras haber negado que Aguilera fuera el propietario de las empresas, Fiscalía reforzó la carga. Desplegó frente al testigo una serie de correos de 2013 tomados de la computadora de la contadora Corina Cargnel, a la que Pereyra situó como responsable de los números del PJ, de su empresa y de las imprentas Next y Tep, que contenían datos de contrataciones con privados y el Estado y que tenían como destinatario también a Aguilera.
“¿Tiene idea de por qué Cargnel le informaba a Aguilera sobre el estado de contrataciones?”, preguntó Fiscalía al testigo. “No”, fue la contestación.
Luego la acusación fue sobre la cuestión del vínculo personal entre Pereyra y el cuñado del ex gobernadora. En particular apuntaron a la utilización por parte de Aguilera de la oficina que el testigo tenía cerca de la sede de Tep y Next en calle Racedo de Paraná.
Aunque ya habían transcurrido más de dos horas de interrogatorio, Pereyra narró que cedía sus instalaciones para que Aguilera atienda asuntos partidarios que no podían tratarse en reserva en la sede del PJ Entre Ríos por la gran afluencia de gente, sobre todo en tiempo de elecciones. Y que hacía lo mismo con la gente de las imprentas en el marco de colaboración mutua que existía. Tep y Next tenían el taller en el mismo lugar que la administración y a veces “había mucho ruido” allí, precisó.
También reconoció que Aguilera lo apuntaló para que pudiera poner en marcha su negocio, con la instalación de servicios y el armado del local. En agradecimiento, dejaba que lo ocupe ocasionalmente.
El negocio
Uno de los factores que más dilató la testimonial fue el cúmulo de particularidades que tiene el negocio de la publicidad en la vía pública en la provincia, donde hay pocos actores y con presencias territoriales diversas. Esto lleva a que muchas veces una sea contratada y luego subcontrate a las demás y se generen compensaciones en la red de empresas de cartelería. También dijo que en las contrataciones con el Estado provincial que hizo con su empresa nunca tuvo contacto con Urribarri ni con quien fuera su ministro de Comunicación, Pedro Baez.¿Las empresas Tep y su alternativa Formato Urbano o Next pagaron gastos de la campaña de Urribarri durante 2013?, quiso saber la Fiscalía. “Desconozco”, contestó el testigo. La acusación puso en pantalla entonces una serie de correos internos donde se informaba que Giacopuzzi y Sena habían pagado a Facebook en dólares por publicidad durante ese año con sus tarjetas particulares.
Pereyra explicó entonces que los gastos en redes sociales se deben pagar sí o sí con tarjeta y que el PJ no cuenta con ese instrumento. Por eso se contrata a empresas de publicidad quienes atienden de manera particular esas erogaciones y luego lo facturan al partido en pesos.
Esta práctica es tan habitual que “lo hicimos en esta campaña, para las elecciones (primarias) del 12 de septiembre”, puntualizó.
Buscando que el testigo entre en contradicción, Fiscalía lanzó una pregunta tramposa: si el PJ había contratado a una de las empresas bajo la lupa durante 2014 para una campaña electoral.
Su respuesta fue pausada y segmentada. Primero aclaró que ese año no había campaña porque no hubo elecciones. Que la ley de financiamiento de los partidos exige que la campaña electoral sea acotada a un mes previo al comicio. Y que lo que se puede hacer, y se hizo, con anterioridad (es decir fuera del escenario electoral) fue exponer las ideas del PJ o de quien ese momento era su presidente: Sergio Daniel Urribarri “como gastos institucionales porque un año antes un campaña eleccionaria. Se contrató y se pagó desde el Partido con todas las normas de la ley de financiamiento. Todos estos gastos fueron rendidos ante la Justicia Federal y fueron aprobados”, subrayó.
Pese a este contestación, le exhibieron una serie de fotos contenidas en correos electrónicos del 2014. Allí se mostraban séxtuples en vía pública donde se ve el rostro de Urribarri sobre fondo celeste, un sol y la leyenda “2015”.
“Como se verá en todas las fotos, en toda la gráfica se nombra a Urribarri 2015 con la intención de dar a conocer su imagen pero sin ninguna inscripción de un cargo porque pusiera ‘presidente’ sería precandidato por lo que si al momento de inscribirse las precandidaturas se tomaría esta publicidad como campaña”, remarcó. Además, abundó que realizó consultas en la Justicia Electoral sobre esta cuestión y que le dijeron que de esta manera se trataría sólo de la difusión de la difusión de la figura y accionar del ex mandatario provincial “pero no más que eso”. (APFDigital)
