En primer lugar se presentó María Andrea Morales propuesta para ser vocal de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial Sala I de la ciudad de Paraná. En su exposición, al hablar de sus antecedentes, detalló que fue “coordinadora de la implementación de la oralidad efectiva en el fuero Civil y Comercial de la provincia” a la que consideró “una mejora significativa en la justicia no penal que permitió acercar la justicia a la ciudadanía y darle a la justicia un rostro más humano”. Sobre este punto opinó además que debería avanzar esta modalidad en otras etapas del proceso de manera “progresiva”, incluso en el dictado de sentencias.
Tras dar a conocer su situación patrimonial y fiscal, al responder una pregunta del senador Marcelo Berthet referida al proceso de evaluación del Consejo de la Magistratura y qué cambios propondría en el funcionamiento del organismo, la aspirante señaló que hubo una “mejora cualitativa” en el Consejo a partir de las últimas legislaciones, y destacó la “incorporación no solo de la evaluación en formación de género sino también la incorporación de la equidad de género o igualdad de género que también hoy es un mandato legal en la provincia”.
Consideró como “importante y significativo” que se hayan incorporado como factor de ponderación para evaluar un aspirante las tareas de cuidado que generalmente son naturalizadas como correspondientes al género femenino”. Y en cuanto al proceso, realzó la importancia de que “se hayan aclarado las causales de excusación y recusación de los jurados”. “Creo que le da transparencia al proceso y al concurso en sí”, dijo y consideró necesario “agilizar los procesos de selección”.
A la consulta del senador Armando Gay sobre la integración de las universidades entrerrianas al estamento académico del Consejo de la Magistratura, Morales celebró esa decisión porque se trata de instituciones que conocen la “realidad local” por tanto su incorporación representa una “mejora cualitativa”.
Posteriormente fue el turno de Mariano Andrés Ludueño, propuesto por el Poder Ejecutivo para ser designado Juez del Juzgado Civil y Comercial N°5 de la ciudad de Paraná. Luego de detallar sus antecedentes y su situación patrimonial y fiscal, fue interrogado por el senador Berthet sobre los recursos del Juzgado para el que es propuesto a los que Ludueño los consideró suficiente, aunque señaló la necesidad de hacer un diagnóstico para conocer más sobre el funcionamiento del organismo.
Luego la senadora Nancy Miranda consultó al aspirante su opinión sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sobre cuyo procedimiento consideró “muy exigente” y se manifestó de acuerdo en este sentido, por la relevancia de su tarea. En tanto, el senador Amilcar Genre Bert le preguntó sobre los objetivos a desempeñar en caso de ser designado al frente del cargo al que se postula.
“Me parece muy importante la inmediación con la gente, explicarle las audiencias y a las partes con un lenguaje llano qué es lo que se está discutiendo, cuáles son las posibles soluciones del caso y otro elemento que considero indispensable es la celeridad”, manifestó además del “trabajo en equipo” tanto a nivel interno como externo. Hizo además un “balance positivo” de la implementación del nuevo Código Civil y Comercial.
En tercer lugar expuso en audiencia pública la postulante para cubrir el cargo de Jueza del Juzgado Civil y Comercial N°4 de la ciudad de Paraná. Elena Beatriz Albornoz, quien primeramente detalló sus antecedentes y su situación patrimonial y fiscal, tras lo cual dijo que su motivación tiene que ver con lograr un “mayor acercamiento entre el justiciable y quien esté dictando sentencia, que se pueda explicar por qué se condena o no y que el justiciable lo entienda”.
Albornoz que ocupa interinamente el cargo para el que fue propuesta, posteriormente respondió una pregunta de la senadora Miranda sobre su plan de trabajo, al cual definió como “cooperativo y en equipo” y sobre los recursos disponibles dijo que en la actualidad “están justos” con el personal que se encuentra trabajando. Además, el senador Gay la consultó sobre la regulación de honorarios en materia de amparos, y luego su par Rubén Dal Molín sobre los cambios en el Consejo de la Magistratura.
Cumplida esta etapa, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos deberá realizar un dictamen fundado, aconsejando la aprobación o rechazo del acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.
