En diálogo con Diario Río Uruguay, el abogado Oscar Bacigalupe mencionó que el reclamo “arrancó en el año 2016”, cuando “se hicieron diligencias con el Oficial de Justicia" y la demanda se promovió "individualizando a las familias que vivían en su momento y a cualquier otro ocupante posterior”.

No obstante, reconoció que “la conducta de todos los ocupantes fue fuera de lo normal, porque ninguno alegó propiedad ni ningún derecho alguno, sino que simplemente se los había autorizado a ocupar, no sé si habrá sido producto de alguna inundación o algo por el estilo".

El letrado admitió que "todos los ocupantes obraron de buena fe, porque generalmente en estos casos te dicen que son propietarios y están hace 20 años, poniéndose en una postura de poseedor con posibilidades de titularizar en su favor, pero acá nunca nadie dijo eso, siempre trataron de explicar que la municipalidad, en su momento, les había dicho que esos terrenos iban a ser o eran de la municipalidad, que por lo tanto construyeran y ocuparan”. Sobre la zona, mencionó que “hay viviendas consolidadas y muy bien construidas”. Por su parte, comentó que “recorrí muchas veces el barrio y hace un mes más o menos fui y pude hablar con la gente, ya que no tienen una actitud hostil hacia mi persona por lo menos, pudimos charlar y les dejamos copias del mandamiento que había librado el juez, que actualmente se encuentra suspendido a la firma de oficios y demás, con una reiteración de los mismos planteos anteriores a través de una vía recursiva”.

No obstante, Bacigalupe consideró que “esto se solucionará en estos días y saldrá la cuestión de que es una sentencia firme desde hace mucho tiempo”.
Posición del municipio
Consultado sobre la postura del ejecutivo, el letrado comentó que “veo a la municipalidad con un grado de seriedad que nunca habían tenido”, dado que “tuvimos una reunión donde se mostraron realmente interesados en solucionar el problema” teniendo en cuenta que “en otras oportunidades, uno ya desde el vamos sabíamos que no se llegaría a nada”.
Proyecto
En cuanto al objetivo original de las tierras en cuestión, Bacigalupe aclaró que “allí estaba proyectado un barrio privado muy importante, del que tengo todos los planos, pero mis clientes ya han abandonado esa idea". Lo que no quinta que "son los propietarios y quieren recuperar o cobrar un valor por esas tierras”.

Al respecto, aclaró que “ellos -los propietarios- conocen todo, ya que la que originariamente compró eso fue la mamá de los cuatro titulares actuales, una persona de 80 años que por la década de los 80 vivió en Concordia y estuvo mucho tiempo acá, compró eso y otras tierras que después vendió”.

Por el momento, manifestó que “yo vengo hablando con Dell Olio y ahora estamos en una instancia de discusión, pero hay cosas que por allá me superan, porque los dueños son los dueños y los que fijan los precios son ellos”, además de que “ellos tuvieron algunas malas experiencias con otros compañeros, ya que quedaron con los papeles para iniciar cuando recién había comenzado la ocupación y un día llegaron a Concordia y se encontraron con la sorpresa de que no se había iniciado nada, que es cuando me contactan a mí”.
Los terrenos
Entre otras cosas, Bacigalupe detalló que “ellos son dueños de 18 hectáreas que pegan contra la vía del ferrocarril y de 30 hectáreas que quedan en frente a ese predio, cruzando la avenida Pampa Soler”.

Por lo pronto, subrayó que “nosotros tenemos sentencia de desalojo, pero quedó paralizad y está planteada una inconstitucionalidad de la ley”, por lo que “veremos ya el año que viene” cómo se procede.
Propuesta alternativa
Por último, apuntó que “yo estoy estudiando la propiedad de una expropiación inversa, exigirle al Estado que la declaró de utilidad pública, que la expropie y se termine con este tema”, dado que “acá la provincia tuvo dos proyectos durante la gestión de Enrique Cresto y en dos oportunidades declararon de utilidad pública los dos terrenos, pero los dejaron dos años sin pagarse el precio fijado con el tribunal de tasaciones y en el cuarto año fueron perdidos por esas leyes que declararon de utilidad pública a los terrenos”.

Dicho esto, cabe destacar que las 30 hectáreas que se encuentran cruzando Pampa Soler hacia el este todavía están comprendidas por aquellas iniciativas que promovían la urbanización de barrios populares, mientras que estas 18 hectáreas en cuestión no quedaron alcanzadas por ese conjunto de normas, motivo por el que se logró esta sentencia favorable.