En primer lugar, se refirió a la designación de Mónica Liliana Lifschitz como nueva contadora municipal y explicó que “actualmente está a cargo de la contaduría del municipio, a partir de la designación de un decreto como marca la ley”. Al respecto, precisó que “el cargo de contador tiene que tener acuerdo del Concejo Deliberante, entonces, el pasado 25 de mayo, fue designada y, al día siguiente, fue elevado el proyecto al Concejo para ver si era aprobada o no”.
Además, diferenció la intervención que tiene el Poder Ejecutivo en estos casos por sobre la que toma el Concejo Deliberante. “Una cuestión es la estabilidad del cargo y otra es que determinado cargo tenga la aprobación del Concejo. Contador, Tesorero y Juez de Faltas dependen de la aprobación del Concejo y por ley se debe dar el cargo permanente y la categoría máxima”, dijo el contador y anticipó que una situación similar se vive en el Juzgado de Faltas donde “en los próximos días daremos el cargo a un nuevo Juez”.
“La estabilidad y la categoría son dos cosas que tienen que ver con el departamento ejecutivo no del Concejo Deliberante. Esto (por el cargo de contador) comienza en agosto del año pasado cuando renuncia el contador municipal. A raíz de esto, fuimos designando transitoriamente hasta que hace un tiempo se solicitó regularizar esta situación con un cargo permanente”, argumentó.
Con respecto a la utilización de concurso para el cargo, Sierra agregó que “en algunos casos se ha hecho concurso y en otros no, siempre hablando con respecto a los tres cargos antes mencionados y, generalmente, se trata de gente con trayectoria dentro del municipio, independientemente del gobierno de turno. La decisión del concurso depende del Ejecutivo, ahora bien, el Concejo Deliberante puede plantear que se realice uno. En ningún lado se dice que la designación por concurso es la medida obligatoria que hay que seguir y por eso se tomó la decisión. Ahora será el Concejo Deliberante si está en norma o no”.
Recital de La Renga
Por otro lado, Sierra refirió a otra de las situaciones confusas que se vive en los pasillos del municipio local en las últimas horas como lo es el cobro a la productora del recital de La Renga,e que se realizó el pasado mes de mayo en la ciudad. “Inspección General comunicó las entradas, pero no las vendidas sino las que concurrieron. La productora hizo un pago adelantado antes del show y quedó pendiente el valor correspondiente a las entradas, dar el número y respaldarlo con documentación”, explicó el ex secretario de Hacienda.“El problema fue que Inspección General está en la etapa de cuántas entradas si y cuántas no, por lo que se les recomendó cobrar a la productora el monto correspondiente a lo que ellos dicen que serían unas 39 mil entradas, y después se hará un recuento para verificar si es correcto o no. En caso de no serlo se notificará con la diferencia correspondiente”, detalló.
