En declaraciones brindadas a Diario Río Uruguay, Romina Bastida detalló que el acuerdo con el propietario del lugar -y condenado por el crimen- fue hecho de inmediato y “hace más de un año que la plata del seguro esta lista para que la pueda cobrar, pero la Defensora de Pobres y Menores, Carolina Pignataro no me la quiere dar, me la niega, porque me dice que eso es de las nenas”.

Ante esto Bastida le expuso a la Defensora que ella necesitaba la plata justamente para alimentar diariamente a sus hijas, porque en este momento “la comida de mis nenas depende de mi mamá y de mi familia, porque yo trabajo en el arándano pero no es suficiente y teniendo esa plata no quiero seguir dependiendo de nadie”, exclamó Bastida.

La mujer comentó que incluso posee un terreno que le fue otorgado por la Municipalidad de Concordia y presentó un informe detallado de los materiales y de la obra que se realizaría para levantar dormitorios para sus hijas en dicho lugar, sin embargo esto también fue rechazado.

Por esta razón, Bastida recurrió a pedir ayuda en la Delegación de Derechos Humanos municipal, a cargo del profesor Rubén Bonelli, a quien le plateó su problema y logró el compromiso a que tome  conocimiento de la situación al Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, con el fin de que se pueda destrabar el conflicto.