Intervención
Según se informó oficialmente, la intervención llevó adelante auditorías económicas y financieras para determinar "deudas, además de un relevamiento de los recursos humanos con el objetivo de identificar las funciones de empleados y contratados, y corroborar su asistencia al trabajo". En este marco, se detectó un "número significativo de personas contratadas que no tenían ninguna tarea asignada ni concurría a trabajar".En uso de sus facultades y su poder de administración, la intervención resolvió la baja de 111 contratados, con finalización de sus vínculos a partir del 28 de febrero.
"La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos, solo conocíamos la punta del iceberg, ahora, luego de dos meses de intervención y un relevamiento exhaustivo, detectamos un número importante de personas contratadas que no prestaban ningún servicio ni cumplían con tarea alguna", afirmaron desde el equipo interventor.
En ese sentido, se aclaró que "también encontramos casos de inasistencias injustificadas o empleados que ni siquiera se presentaban en sus lugares de trabajo".
Además, se identificaron ingresos que "responden a favores políticos, y hasta un caso que refleja la magnitud de este escándalo: el de un contratado que no reside en el país".
