Otro punto emitido desde la dirección de Electrotecnia, remarca a una eventual violación de la legislación vigente, que “no permite captar lugares privados o que afecten la privacidad”.
“Por otra parte -agrega el veto en sus considerandos-, la heterogeneidad de los equipos particulares a incorporarse generaría una complicada gestión de las diferentes marcas, software y protocolos existentes en el mercado”, ello en función de que la ordenanza preveía incorporar al sistema de monitoreo las cámaras de seguridad privadas.
Por último, el Ejecutivo también funda el veto en que el Presupuesto 2022 no previó las erogaciones que conlleva la creación del Centro de Monitoreo.
