Agrandar imagen Los senadores se sumaron al pedido.
Los senadores se sumaron al pedido.
El Decreto Nº 1729/24 del Poder Ejecutivo que permitió la cancelación de acreencias a favor de la provincia en relación a la venta de energía producida en Salto Grande a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) sigue sumando pedidos de informes.

El martes 20, en una movida sesión en la Cámara de Senadores, se sancionó un pedido de informes al Poder Ejecutivo que ingresó la senadora Claudia Silva, con el acompañamiento de sus pares Nancy Miranda, Víctor Sanzberro, Martín Oliva y Patricia Díaz.

En los fundamentos se resaltó que “… debe quedar debidamente aclarado lo precedentemente expuesto, disipándose de tal modo cualquier interrogante generado en razón de la aceptación por parte de la provincia de Bonos para la cancelación de una deuda, de la que es acreedora, pudiéndose analizar si dicho acto no ocasionaría un perjuicio económico a las arcas provinciales”. Se añadió que los términos del acuerdo generaron “preocupación”, y añadió que “no pueden obviarse los trascendidos mediáticos, acerca de que Cammesa, no habría aceptados dichos bonos para la cancelación por parte de la provincia, como pago por la distribución de energía”.
Bonos
El pedido solicitó que se informe “si en relación al Decreto N° 1729/24 Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios (MPI y S) del 10 de julio de 2024, la provincia de Entre Ríos recibió títulos públicos -Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses STEP UP 2038 (Bonos USD 2038 L.A.), para la cancelación acreencias devenidas por las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista, por los meses de diciembre 2023 y enero 2024”.

También requirió que se precise si “en el caso de ser afirmativo el punto anterior, la cantidad de Bonos y a qué valor se recibieron cada uno de ellos. Además, en qué moneda se ha constituido, por qué plazo, si posee tasa fija o variable, tipo de amortización y la periodicidad del pago del interés (si corresponde)”. En este punto, añadió que “en caso de ser afirmativo el punto 1, si los bonos fueron utilizados o no para cancelar distintas deudas de la provincia, como las generadas por la distribución de energía, de ser así a que valor fueron tomados”.

Finalmente, requirió que se informe “si en la actualidad se encuentra cancelada la deuda de febrero 2024, que según consta en el Anexo I del Decreto N° 1729/24 MPI y S, ascendía a la suma de 849.404.835,56 pesos, en tal caso de qué modo se realizó dicha operación”. El pedido sancionado el martes lleva las firmas de la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Alicia Aluani, y del secretario de la Cámara, Sergio Avero.
Fundamentos
Silva fundamentó el pedido “a los fines que sean aclarados algunas cuestiones relacionadas al Decreto N° 1729/24 MPI y S de fecha 10 de julio de 2024”. En este sentido señaló que “el mentado instrumento la provincia ratifica lo actuado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en relación al Acuerdo perfeccionado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA Cammesa” y precisó que “dicho Acuerdo tiene como objeto la cancelación de las acreencias originadas por transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista por los meses de diciembre 2023, enero 2024 y febrero 2024”.

Silva sostuvo que el objeto del Acuerdo fue que “la deuda será cancelada mediante la entrega de títulos públicos -Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses STEP UP 2038 (Bonos USD 2038 L.A.)-, no aclarando a qué valor son tomados dichos bonos”. Añadió que “surge del Anexo I del Decreto N°1729/24, que la deuda por los meses de diciembre y enero sería de 933.471.638,55 pesos, que a la fecha de elaboración del presente rondaría el 1.000.000 dólares”.
Antecedente
A fines de julio, los diputados, Carlos Alberto Damasco, del bloque libertario Fe y Libertad; Juan José Bahillo, de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos; y Fabián Rogel, de la Unión cívica Radical-Juntos por Entre Ríos, que luego retiró su firma comunicando la decisión por mail, presentaron un pedido de informes similar en la Cámara Baja.
Fuente: APF